Usurpar el patrimonio comunal

Ayer, 9 de diciembre, en Diario de León, en soporte de papel, se dio a conocer mi artículo de opinión cuyo título era el que he puesto a esta página. Decía así:

 El PP que gobierna en España, y los políticos de León, que no leoneses dado su prevalente  acatamiento, o sumisión interesada, han votado que SÍ en el Parlamento de la nación a la Ley de Reforma Administrativa Local. Es tal la obligatoriedad en el parlamento a secundar con el voto las instrucciones de grupo, que parece no importarles que fruto de su actuación, se consume la persecución primero, y la apropiación posterior del patrimonio que en las pedanías leonesas,  en los Concejos, se han venido cuidando y defendiendo secularmente.  Y ahora son un bien a perder en beneficio del confiscador oficial.

Forzosamente tenemos que posar la mirada en los diputados leoneses por el PP, pues ellos dicen representarnos en el Parlamento. 

Son: Alfredo Prada, Eduardo Fernández y María Aránzazu Miguélez. Quienes  han apretado el botón que confirmaba su  partidismo de fidelidad ciega,  en vez de ejercer un buen hacer  de leoneses en favor del patrimonio institucional leonés que supone el Concejo, donde destacadamente  se ha venido ejercitando un natural sistema de democracia directa. Aquellos políticos de partido, tan insensibles como obedientes, han participado en los primeros apuntes de defenestración de los concejos leoneses, y la facultad  en letra impresa para la usurpación del patrimonio comunal correspondiente.  Que los Concejo formen parte de la identidad leonesa, lo soslayan.

Veamos que hacen por otras latitudes. El PNV, sabiendo jugar bien sus bazas, para lo que sus ciudadanos les han colocado en el Parlamento de la nación, ha conseguido blindar los concejos vascos y catalanes, que mantendrán sus propias normas. Vascos y catalanes, Comunidades históricas de las que teníamos los leoneses que “defender” a España amancebándonos con Castilla (las razones de Martín Villa), ahora vivitos y coleando, saben salvar sus concejos; en tanto “nuestros” políticos, con actitud justamente opuesta, optan por llevar al degolladero los Concejos en tanto se procederá a la usurpación de sus patrimonios.

Ya ha tocado el turno al Senado, allí tenemos dos representantes del PP de León. Luis Aznar, uno, a quien se le vio el plumero con el tema del carbón; no secundó a Morano aunque iba contando que había que proteger a los mineros leoneses, y lo que izo fue salvar su escaño votando lo que le mandó el partido. Y a Silvia Franco, su comportamiento es de  “conservadora”… del escaño.


Ante el movimiento popular opuesto a que les esquilmen el patrimonio, bien alertado por un movimiento federativo, nacido para su defensa, ha llegado cierto raciocinio al Senado donde TODOS los senadores implicados en el tema, y no tan sólo Aznar y Franco que parecen querer arrogarse el “éxito” de la reforma introducida al artículo 116 bis de la Ley que tanto nos afectaba, salvando por la campana la posibilidad que se le ofrecía a cada ayuntamiento adeudado a tomar para sí el patrimonio comunal correspondiente a las pedanías.

Las diputaciones, sobre las que se oían voces diciendo que sobraban,  no sólo van a salir vivas con la nueva Ley, sino reforzadas. Sobre el papel tomarán responsabilidad, sin olvidar que, al menos la nuestra, estará al mandato del ente autonómico. Controlará para éste los concejos que no tengan a punto las cuentas, llegando hasta el extremo de poder incautarse sin retorno del patrimonio comunal correspondiente. Y más aún, así las cosas, en la nuestra, la que rige Isabel Carrasco, por cuyas venas aún corre la sangre del mando autonómico, se apresta a cobrar tasas a las pedanías. Así en espera de que ordenen la anulación de alguna, ya empieza por asfixiarlas económicamente. ¡Vaya apoyo institucional!

No puedo finalizar este modesto alegato, sin citar a la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores o Concejo General de León (a mí esta última nominación me resulta perfecta) con Carlos González-Antón, como asesor jurídico e implicado personalmente al igual  que Santiago Ordoñez de IU, ab initio, junto a comarcanos y algunas personas comprometidas de siempre en defensa de lo leonés.

La Federación ante el temor que aún pende sobre el estatus de las pedanías, que no se fía, y hace bien, ya se plantea con muy buen criterio acudir ante la Comisión Europea.